La Constitución Política del 4 de agosto de 1886 adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo, creó la Corte Suprema de Justicia que fuese el ente responsable de conservar la integridad de la Carta Fundamental del país Constitucional de Colombia. Más tarde, sin embargo, con las reformas introducidas con la Constitución de 1991 las cuales buscaban el fortalecimiento de la Rama Judicial, para garantizar el equilibrio de los tres poderes públicos, como supuesto esencial del Estado de Derecho; se crea la Corte Constitucional que asumió la tarea de defender la nueva Carta Política y se reviste a La Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en la República de Colombia, (entre otras reformas).
De esta forma, La Honorable Corte asume la potestad de administrar justicia y la responsabilidad de amparar nuestra nacionalidad, advirtiendo la autonomía de sus decisiones, la independencia de sus jueces y la eficacia en la prestación del servicio. Es así, como de los jueces y magistrados se espera y les es exigible un comportamiento ajeno al ciudadano común, un desempeño digno que rebasa su condición individual, que no obedece a otra cosa que a su mera condición de Juez. Las imprecisiones que son dables a otros violarían su función que es la de impartir justicia, lo que implica incipientemente objetividad, imparcialidad.
Como Colombiana creyente en las instituciones que conforman nuestra organización democrática, tristemente veo que asistimos a la extinción de la CSJ como ese máximo órgano capaz de escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, salvaguardando siempre los intereses de la nación en su conjunto y protegiendo los derechos de sus ciudadanos. La Corte ha perdido su norte. Sus principios fundacionales se desvanecen en medio de una politiquería absurda, la imparcialidad de sus miembros se ha nublado oscuramente por los afanes revanchistas de sus jueces y sus fallos sesgados por odios han puesto en riesgo la seguridad y los intereses de todo el pueblo colombiano. Ya decía Francisco de Quevedo que menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.
La Sala Penal de la CSJ acaba de dictar una providencia que ha indignado a los colombianos de bien y ha sorprendido al mundo entero. La Honorable Corte determinó que el contenido de los 9 computadores, discos duros y memorias USB del abatido jefe narco-terrorista Raúl Reyes son "ilegales" y que no pueden ser usados en ningún proceso penal en Colombia. Los Magistrados manifiestan su imposibilidad de verificar si los correos transcritos en Word por parte de Raúl Reyes fueron direccionados o no desde las cuentas electrónicas de sus destinatarios. Una mínima investigación de la Corte le habría servido para entender a sus magistrados que esos e-mails están contenidos en 8.382 archivos de Word, porque Reyes no se sentaba desde la selva a enviar mensajes por Hotmail. Sino que se los pasaba en Word al encargado de las comunicaciones para que este los enviara a su destinatario, encriptados por packet radio.
También sostiene la Corte que la prueba es inválida, porque fue recaudada en territorio ecuatoriano, sin atender los convenios de cooperación bilateral. ¿Qué pretendía la Corte?, ¿Que nuestros ejércitos armaran cambuche, prepararán tintico y se sentarán a esperar en territorio enemigo a que llegarán las autoridades judiciales ecuatorianas, mediando el hecho de que el contenido de los computadores comprometía a miembros del gobierno ecuatoriano con las Farc?. No reconoce la Corte que el computador fue incautado en un operativo nacional, donde se siguieron los procedimientos que están establecidos para ello. Precisamente, la certificación de que no se violó la cadena de custodia ni se alteró en lo más mínimo el contenido, la dio meses después la Interpol, a solicitud del Gobierno de Colombia. Y para mayor abundamiento, hace apenas una semana, el Centro Británico de Estudios Estratégicos presentó los resultados de dos años de análisis del contenido total de esos computadores, y no sólo avaló académicamente lo que ya habían certificado los peritos de Interpol, sino que llegó a conclusiones que muchos encontraron sorprendentemente valiosas y de las que nadie puede decir que tuvieran algún tinte de parcialidad.
¿Por qué objetar entonces pruebas tan contundentes?, ¿Cómo es posible que por fuera de Colombia, incluyendo EE. UU., Canadá, España sean considerados una prueba válida, y dentro de Colombia no? Qué difícil entender el razonar de nuestros Honorables Magistrados, más cuando ellos saben que su decisión amenaza con generar un efecto dominó dentro y fuera del país. A nivel interno, prácticamente se archivan los procesos contra la Farc-política. Es muy probable que la destituida Senadora Piedad Córdoba recupere su curul y que el exdirector de Anncol, Joaquín Pérez Becerra, recupere su libertad; y sigan ambos delinquiendo y promocionando el altruismo de las Farc, la primera armada de turbante en el congreso y el segundo armado de su plataforma de comunicación en el exterior.
Así mismo, varios procesos en el extranjero, y que se sustentan en los correos de Reyes, están amenazados. Por ejemplo, basados en esta información, en España fue capturada Remedios García enlace de las Farc y se dictaron medidas contra miembros del Eta, en Paraguay se desmanteló a un grupo de secuestradores responsables del asesinato de Cecilia Cubas, en Costa Rica se incautó una caleta de dinero a las Farc y en Chile se abrió un proceso judicial a uno de sus miembros. No obstante, basados en la providencia de nuestra Honorable Corte, ya se suspendió el juicio contra el chileno Manuel Olate, requerido por Colombia por sus presuntos vínculos con las FARC y una fuente muy cercana a las investigaciones que se siguen en España, dijo que lo más probable es que al menos uno de estos casos -el que más se apoya en los correos- se caiga. Y ni hablar de nuestros vecinos (Venezuela – Ecuador) que están de plácemes celebrando que la misma Corte Suprema de Justicia de Colombia ha reconocido que las pruebas que los sindicaban como colaboradores de las Farc no tienen ninguna validez.
¿Cuáles son los intereses que está protegiendo la Corte?, porque queda demostrado que no está protegiendo los intereses del pueblo colombiano. ¿En qué basa sus desatinadas decisiones, entonces? Me había negado a reconocerlo, por el dolor de patria tan inmenso que se siente, pero parece ser que nuestras propias instituciones pretenden legitimar terroristas, poner en constante desventaja a nuestras FFMM y de la forma más descarada poner en riesgo la seguridad nacional, con el único propósito de hacer campaña política en contra del Expresidente Uribe.
Si, ese es el sabor que queda en la boca, que nuestros Honorables Magistrados están utilizando la justicia para cobrarse revanchas políticas. Pero, además de eso, y más grave aún es que también quieran favorecer al terrorismo y sus aliados. Esto es doloroso, inaceptable e intolerable. Los terroristas son enemigos declarados de los colombianos, de la constitución y de la democracia. Así la Corte (y el ejecutivo) haya perdido su norte, el pueblo colombiano no puede perderlo.
Compatriotas tenemos que manifestarnos y dejar la indiferencia ante lo que está sucediendo en nuestra Colombia. Me uno al llamado de mi amigo Aníbal Guerra y los invito el 20 de Julio a concentrarnos masivamente en todo el país y en el exterior, para ratificar la Seguridad Democrática como un legado político e ideológico que nos identifica, que nos defiende y que nos une. Esta es la mejor manera de repudiar el cambio de rumbo que se le ha dado al gobierno, esta es la mejor manera de rechazar el socialismo del siglo XXI en Colombia y esta es la mejor manera de decirles a las altas cortes que el pueblo colombiano está comprometido en la defensa de los intereses nacionales por encima de la letra y por encima de intereses sectarios.
ALEJANDRA VILLOTA ROMO
