Tuesday, May 24, 2011

¡LA CORTE HA PERDIDO SU NORTE ¡

La Constitución Política del 4 de agosto de 1886 adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo, creó la Corte Suprema de Justicia que fuese el ente responsable de conservar la integridad de la Carta Fundamental del país Constitucional de Colombia. Más tarde, sin embargo, con las reformas introducidas con la Constitución de 1991 las cuales buscaban el fortalecimiento de la Rama Judicial, para garantizar el equilibrio de los tres poderes públicos, como supuesto esencial del Estado de Derecho; se crea la Corte Constitucional que asumió la tarea de defender la nueva Carta Política y se reviste a La Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en la República de Colombia, (entre otras reformas).

De esta forma, La Honorable Corte asume la potestad de administrar justicia y la responsabilidad de amparar nuestra nacionalidad, advirtiendo la autonomía de sus decisiones, la independencia de sus jueces y la eficacia en la prestación del servicio. Es así, como de los jueces y magistrados se espera y les es exigible un comportamiento ajeno al ciudadano común, un desempeño digno que rebasa su condición individual, que no obedece a otra cosa que a su mera condición de Juez. Las imprecisiones que son dables a otros violarían su función que es la de impartir justicia, lo que implica incipientemente objetividad, imparcialidad.

Como Colombiana creyente en las instituciones que conforman nuestra organización democrática, tristemente veo que asistimos a la extinción de la CSJ como ese máximo órgano capaz de escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, salvaguardando siempre los intereses de la nación en su conjunto y protegiendo los derechos de sus ciudadanos. La Corte ha perdido su norte. Sus principios fundacionales se desvanecen en medio de una politiquería absurda, la imparcialidad de sus miembros se ha nublado oscuramente por los afanes revanchistas de sus jueces y sus fallos sesgados por odios han puesto en riesgo la seguridad y los intereses de todo el pueblo colombiano. Ya decía Francisco de Quevedo que menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.

La Sala Penal de la CSJ acaba de dictar una providencia que ha indignado a los colombianos de bien y ha sorprendido al mundo entero. La Honorable Corte determinó que el contenido de los 9 computadores, discos duros y memorias USB del abatido jefe narco-terrorista Raúl Reyes son "ilegales" y que no pueden ser usados en ningún proceso penal en Colombia. Los Magistrados manifiestan su imposibilidad de verificar si los correos transcritos en Word por parte de Raúl Reyes fueron direccionados o no desde las cuentas electrónicas de sus destinatarios. Una mínima investigación de la Corte le habría servido para entender a sus magistrados que esos e-mails están contenidos en 8.382 archivos de Word, porque Reyes no se sentaba desde la selva a enviar mensajes por Hotmail. Sino que se los pasaba en Word al encargado de las comunicaciones para que este los enviara a su destinatario, encriptados por packet radio.

También sostiene la Corte que la prueba es inválida, porque fue recaudada en territorio ecuatoriano, sin atender los convenios de cooperación bilateral. ¿Qué pretendía la Corte?, ¿Que nuestros ejércitos armaran cambuche, prepararán tintico y se sentarán a esperar en territorio enemigo a que llegarán las autoridades judiciales ecuatorianas, mediando el hecho de que el contenido de los computadores comprometía a miembros del gobierno ecuatoriano con las Farc?. No reconoce la Corte que el computador fue incautado en un operativo nacional, donde se siguieron los procedimientos que están establecidos para ello. Precisamente, la certificación de que no se violó la cadena de custodia ni se alteró en lo más mínimo el contenido, la dio meses después la Interpol, a solicitud del Gobierno de Colombia. Y para mayor abundamiento, hace apenas una semana, el Centro Británico de Estudios Estratégicos presentó los resultados de dos años de análisis del contenido total de esos computadores, y no sólo avaló académicamente lo que ya habían certificado los peritos de Interpol, sino que llegó a conclusiones que muchos encontraron sorprendentemente valiosas y de las que nadie puede decir que tuvieran algún tinte de parcialidad.

¿Por qué objetar entonces pruebas tan contundentes?, ¿Cómo es posible que por fuera de Colombia, incluyendo EE. UU., Canadá, España sean considerados una prueba válida, y dentro de Colombia no? Qué difícil entender el razonar de nuestros Honorables Magistrados, más cuando ellos saben que su decisión amenaza con generar un efecto dominó dentro y fuera del país. A nivel interno, prácticamente se archivan los procesos contra la Farc-política. Es muy probable que la destituida Senadora Piedad Córdoba recupere su curul y que el exdirector de Anncol, Joaquín Pérez Becerra, recupere su libertad; y sigan ambos delinquiendo y promocionando el altruismo de las Farc, la primera armada de turbante en el congreso y el segundo armado de su plataforma de comunicación en el exterior.

Así mismo, varios procesos en el extranjero, y que se sustentan en los correos de Reyes, están amenazados. Por ejemplo, basados en esta información, en España fue capturada Remedios García enlace de las Farc y se dictaron medidas contra miembros del Eta, en Paraguay se desmanteló a un grupo de secuestradores responsables del asesinato de Cecilia Cubas, en Costa Rica se incautó una caleta de dinero a las Farc y en Chile se abrió un proceso judicial a uno de sus miembros. No obstante, basados en la providencia de nuestra Honorable Corte, ya se suspendió el juicio contra el chileno Manuel Olate, requerido por Colombia por sus presuntos vínculos con las FARC y una fuente muy cercana a las investigaciones que se siguen en España, dijo que lo más probable es que al menos uno de estos casos -el que más se apoya en los correos- se caiga. Y ni hablar de nuestros vecinos (Venezuela – Ecuador) que están de plácemes celebrando que la misma Corte Suprema de Justicia de Colombia ha reconocido que las pruebas que los sindicaban como colaboradores de las Farc no tienen ninguna validez.

¿Cuáles son los intereses que está protegiendo la Corte?, porque queda demostrado que no está protegiendo los intereses del pueblo colombiano. ¿En qué basa sus desatinadas decisiones, entonces? Me había negado a reconocerlo, por el dolor de patria tan inmenso que se siente, pero parece ser que nuestras propias instituciones pretenden legitimar terroristas, poner en constante desventaja a nuestras FFMM y de la forma más descarada poner en riesgo la seguridad nacional, con el único propósito de hacer campaña política en contra del Expresidente Uribe.

Si, ese es el sabor que queda en la boca, que nuestros Honorables Magistrados están utilizando la justicia para cobrarse revanchas políticas. Pero, además de eso, y más grave aún es que también quieran favorecer al terrorismo y sus aliados. Esto es doloroso, inaceptable e intolerable. Los terroristas son enemigos declarados de los colombianos, de la constitución y de la democracia. Así la Corte (y el ejecutivo) haya perdido su norte, el pueblo colombiano no puede perderlo. 

Compatriotas tenemos que manifestarnos y dejar la indiferencia ante lo que está sucediendo en nuestra Colombia. Me uno al llamado de mi amigo Aníbal Guerra y los invito el 20 de Julio a concentrarnos masivamente en todo el país y en el exterior, para ratificar la Seguridad Democrática como un legado político e ideológico que nos identifica, que nos defiende y que nos une. Esta es la mejor manera de repudiar el cambio de rumbo que se le ha dado al gobierno, esta es la mejor manera de rechazar el socialismo del siglo XXI en Colombia y esta es la mejor manera de decirles a las altas cortes que el pueblo colombiano está comprometido en la defensa de los intereses nacionales por encima de la letra y por encima de intereses sectarios. 

ALEJANDRA VILLOTA ROMO

Saturday, May 14, 2011

ESTÁ COLOMBIA LUCHANDO CONTRA TERRORISTAS O LIBRANDO UNA GUERRA CIVIL?

Tristemente, esta es la pregunta que empiezan a hacerse muchos en la arena internacional. Cómo responderles con contundencia que la lucha de todo el pueblo Colombiano es contra una mínima cantidad de bandidos narco-terroristas, que motivados por razones económicas atacan de manera indiscriminada a un estado legítimo y democrático, a la sociedad civil e incluso a las instituciones protegidas bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario; si el mismo gobierno de la República de Colombia acaba de reconocer al grupo narco-terrorista de las FARC y del ELN como partes en conflicto?.

Cómo responder con contundencia que el reconocimiento de conflicto armado interno en Colombia, solo se hizo con el fin de eliminar ambigüedades sobre quién podía ser beneficiario de la Ley de Víctimas que comenzará a discutirse en el Congreso de nuestro país; si el documento YA decía que la reparación prevista en esa ley solo cubría a las víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos.  Y si esto no era suficientemente claro, el proyecto también decía explícitamente que en ningún caso cubriría a las víctimas de la delincuencia común?. Como podemos ver, lo realmente importante aquí es que la Ley se apruebe con lo fundamental, la inclusión del término era totalmente irrelevante.

Sin embargo, el reconocimiento del conflicto armado en Colombia no es un asunto exclusivamente jurídico sino que tiene un importantísimo componente político, de trascendencia internacional.  Lo que ha hecho el gobierno Colombiano es reconocer que tanto los grupos narco-terroristas, como el Estado y los civiles son “actores del conflicto” por igual. De esta manera, se ha aceptado implícitamente la pérdida de legitimidad del Estado y su representación de la población civil y se ha revestido a los violentos de un status al menos especial. A partir de este momento los criminales narco-terroristas dejan de serlo para ser “actores del conflicto”, nuestros soldados y los terroristas dejan de serlo para llamarse todos “combatientes” y nuestros secuestrados dejan de serlo para llamarse “rehenes o prisioneros de guerra”.

Un simple problema de lenguaje? NO! En política internacional las palabras tienen consecuencias. Por esto, es inverosímil que el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete no calculen las implicaciones de este cambio caprichoso en los términos, sobre todo cuando los más beneficiados serán los criminales. Recordemos que a pedido nuestro Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos declararon a las FARC como un grupo terrorista y los caracterizaron como una grave amenaza para la democracia. ¿Con qué pretexto van a intervenir los EE.UU. y Europa en un conflicto interno de Colombia? Y frente al Plan Colombia: pues si es un conflicto interno, sigan resolviéndolo solos. Estos gobiernos ya habían entendido que Colombia está inmersa en un problema de drogas, de narcotráfico, de guerrillas narco-terroristas; problemas que para nada son solo internos de Colombia. Asimismo, al reconocer conflicto interno se convalida la actitud de los vecinos nostálgicos del comunismo que se niegan a clasificarlos como terroristas y darles patente para que vuelvan con el pedido de reconocimiento de beligerancia. Al reconocer conflicto interno damos una señal equívoca y en dirección opuesta. Contra el terrorismo no se cede, la seguridad comienza con la autoridad.

En fin, con tanta información, rumores, teorías sobre la coyuntura y TÁCTICAS DE DESPISTE (porque cabe perfectamente que Santos solo esté usando este debate como una cortina de humo, como lo escribió Juanita León en La Silla Vacía, para minimizar escándalos como el del uso del avión de los Nule y Fondelibertad que lo salpican indirectamente),  es fácil que uno se pierda en medio del ruido de los acontecimientos. Por eso, sean las que sean las razones de semejante irresponsabilidad del gobierno Santos, lo que quiero dejar claro es que en Colombia NO vivimos un conflicto armado interno y NO libramos ninguna guerra civil.

Un conflicto armado interno es lo que ocurre en Libia, por ejemplo. Donde un gobierno despótico es rechazado por más de la mitad de la población, donde esa población inconforme se alzó en armas y comenzó a conquistar posiciones geográficas y desplazó de ellas a las fuerzas del gobierno. Donde el gobierno utiliza la maquinaria del estado para combatir y reprimir a civiles que pretenden derrocarlo. La situación es tan clara, que en poco tiempo esa ciudadanía se convirtió en una fuerza beligerante que obtuvo reconocimiento, aprobación y apoyo de la comunidad internacional. Nada de eso ocurre en Colombia. Aquí no podemos hablar de enfrentamiento de dos sectores de la población que dirimen sus diferencias por las armas.  Tampoco existe en Colombia una dictadura personalizada o una constricción constitucional que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales. Colombia es una república democrática, con separación de poderes, libertad de prensa y garantías para la oposición política. Su Constitución está centrada en la defensa de las libertades individuales y garantías ciudadanas.

Por lo tanto, no existe una sola razón para que un grupo de bandidos sin motivaciones ideológicas, sin motivaciones políticas e ignorantes de la vida, sigan perpetuando actos de violencia de tal magnitud y desproporción. Carentes de todo apoyo popular, los grupos narco-terroristas se perpetúan en Colombia por su vinculación al narcotráfico, que les ofrece recursos ilimitados para financiar sus acciones. Sus “objetivos militares” son en gran parte ciudadanos desarmados, la infraestructura civil y autoridades regionales. Recuerden todas las masacres, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos, carros bombas, toma de municipios, pescas milagrosas, minas antipersonales y cargas explosivas en centros urbanos, solo por mencionar algunos.  ESTO NO ES CONFLICTO ARMADO INTERNO SEÑORES, ES TERRORISMO EN SU MÁS PURA EXPRESIÓN. 

ALEJANDRA VILLOTA ROMO

CUANDO LOS COLOMBIANOS EMPEZAMOS A CREER!

NADIE puede desconocer que durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez Colombia se transformó contundentemente. El presidente Álvaro Uribe, terminó su mandato con una popularidad por encima del 65%, lo que demuestra que la mayoría de la gente lo apoyaba y en política, esa es la mejor manera de aprobar a un gobierno. Después de ocho años de DESGOBIERNO, en los que Samper acabó con la política y Pastrana con la paz, los colombianos sintieron que alguien cogió las riendas del país. Uribe logró sembrar la semilla del optimismo a los colombianos. Un país que se había acostumbrado a la imposibilidad de resolver los grandes problemas nacionales, y que se sumió en la desesperanza y la frustración, encontró en Uribe una luz al final del túnel.  Gracias a AUV,  obtuvimos y sentimos un país más seguro. Nadie creyó que la guerrilla estaba derrotada aún, pero en materia de seguridad se vieron resultados concretos. La policía volvió a hacer presencia en la mayoría de los municipios, el secuestro y los retenes ilegales se redujeron en un 90%, los ataques a las poblaciones en un 78% y el homicidio en 63%. El tránsito por las carreteras se multiplicó por diez con las caravanas “Vive Colombia, viaja por ella”. Los colombianos, que se habían resignado a sentirse rehenes en sus propias ciudades, por primera vez en muchos años, experimentaron la posibilidad de reconquistar el país.

Pero, además no olvidemos que Uribe se posesionó justo en el momento de mayor turbulencia en los mercados financieros internacionales y cuando el crédito externo estaba cerrado para Colombia. A esto se sumaba una devaluación desbocada y una pérdida de confianza de los inversionistas en el país. ¿Qué tenemos ahora? Que según el Banco Mundial, Colombia es uno de los países más amigable para hacer negocios. Desde el 2002 y gracias a la política de seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe, la inversión extranjera ha crecido más de cinco veces, las exportaciones se triplicaron y se duplicó el número de turistas internacionales -mientras caía en el resto del mundo-. Somos el tercer país en Eficiencia de Negocios y tenemos una de las regulaciones que menos obstaculiza los negocios. El país facilitó la apertura de empresas, mejoró el acceso al crédito, fortaleció la protección de los inversionistas y simplificó los permisos de construcción, el registro de propiedades y el pago de impuestos.

Asimismo, COLOMBIA ES PASIÓN, cumplió en 2010 cinco años de trabajo por mejorar la imagen del país. Una buena imagen es un buen negocio porque atrae el turismo, las inversiones y los negocios; genera riqueza, desarrollo, bienestar y propicia un círculo virtuoso de prosperidad. Colombia es Pasión nació para contarle al mundo que somos una nación rica, pujante y vibrante. Un lugar donde las oportunidades florecen y se expanden. Una marca que nació, gracias al empuje del Presidente Uribe, para generar conocimiento y corregir percepciones distorsionadas. 


Colombia pasó de ser considerada un estado fallido a ser un modelo en América Latina, una potencia regional y un referente mundial y quienes lo dicen, son líderes de opinión de prestigio internacional. Hoy, podemos mencionar algunos eventos que en años anteriores hubiera sido imposible realizar en el país: la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo, la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro de Mercados Emergentes, el Foro Económico Mundial para América Latina y la VI Cumbre de las Américas. Eventos que jalonan todos los ámbitos de la economía de las ciudades donde se realizan y ponen en alto el nombre del país.

Es así, como convoco a todos, para que dejen las absurdas críticas y los comentarios sin fundamentos. EL HECHO PRIMARÁ SIEMPRE ANTE EL DISCURSO EN ABSTRACTO. Mejor gastemos nuestras energías, primero que todo, informándonos, y luego, aportando propuestas, nuevos planteamientos, soluciones… ayudemos a construir país.

ALEJANDRA VILLOTA ROMO